Para donde vamos con las APP

Ahora voy a escribir algo que jamás pensé que escribiría o diría en algún momento de mi vida. Por primera vez estoy de acuerdo con un funcionario de la administración de Bush. En un editorial publicado ayer en el New York Times, John Ashcroft presentó una idea muy interesante sobre la nacionalización de empresas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ashcroft se plantea una situación en la que el fiscal general (posición que ocupó Ashcroft en la administración de Bush) le comunique al secretario del tesoro, que una de las empresas cuyo accionista mayoritario es el gobierno, esta siendo investigada por un gran jurado. Peor aun, la situación se complica más cuando el presidente le haga entender al fiscal general que no maltrate la empresa. Aun cuando se trata de una situación hipotética, Ashcroft hace referencia a una opinión que dio el director del FBI al congreso en marzo donde planteó que las grandes cantidades de dinero que se le están facilitando a la empresa privada producirá un aumento inevitable en la cantidad de casos de corrupción.

Esta situación se complica aun más cuando el gobierno tiene un interés genuino en salvaguardar los intereses de los contribuyentes y por tal razón asegurar la estabilidad de las empresas nacionalizadas entendiendo que seguramente una empresa investigada por un gran jurado no sobreviria dicho proceso, recordemos a Enron y WorldCom.

El análisis que hace Ashcroft tiene grandes repercusiones en el proyecto que está siendo considerado por el gobierno de Puerto Rico de las famosas alianzas público-privadas mejor conocidas como APP. A mi personalmente se me hace muy difícil entender la diferencia entre una APP y simplemente un contrato de servicios. Se argumenta que la empresa privada tiene mejores recursos que el gobierno para ofrecer con mayor eficiencia productos o servicios que ofrece el gobierno. Yo no tengo ningún problema con ese argumento pero el uso de una empresa privada para ofrecer un servicio del gobierno es simplemente una relación contractual entre la empresa y el gobierno, nada nuevo ni mucho menos innovador en un proceso que se realiza hace años. El peligro dentro de estos acuerdos es la palabra alianza.

La única razón para la justificación de la existencia de una empresa es la generación de ganancias. No existe sobre la tierra una sola empresa cuya razón de existir no sea generar una ganancia para sus dueños y sus inversionistas. El mejor resumen de este modelo se presenta en el documental “The Corporation”. Cuando se utiliza la palabra alianza se va más allá de simplemente una relación contractual. Lo que puedo deducir es que el gobierno tiene un ahorro sobre lo que seria una relación contractual ya que se comparte el riesgo y debo aclarar que la empresa generaria su acostumbrada ganancia. En una relación contractual, el contratista (dependiendo la manera de redactar el contrato) usualmente carga con todo el riesgo y el riesgo equivale a costo. Por tanto, si el gobierno acepta parte de ese riesgo entonces reduce los costos a corto plazo pero puede incurrir en costos adicionales a largo plazo. Los riesgos en el área de servicios se relacionan comúnmente con no cumplir con los requisitos o expectativas de las personas que reciben el servicio. Un ejemplo de esto fue la alianza que se desarrollo hace unos años atrás para administrar la AAA en Puerto Rico, la cual fue un fracaso.

En el nuevo día de hoy ya podemos ver los efectos en la empresa privada de convertirse en aliados del gobierno. El titular “Listo el sector privado para reclutar empleados” esconde la realidad de que los nuevos aliados del gobierno están planteando que la maravillosa contratación de 11,000 empleados requiere que se eliminen muchos de los derechos que a los trabajadores les tomó mucho esfuerzo conseguir. Las empresas solo piden “extender los periodos probatorios de los empleados nuevos (para no tener que darles la permancencia y poder despedirlos al terminar la probatoria); eliminar o reducir las penalidades por despidos injustificados (para poder despedir empleados sin justificación); eliminar los costos adicionales como el aumento en el bono de Navidad (para maximizar su ganacia pagando lo menos posible); comprimir la semana de trabajo (reducir sus gastos y aumentar la ganancia) y establecer la paga sencilla para todos los domingos (adios al pago adicional por horas extras).” Además los empresarios plantean que pueden reclutar aun más personas si el gobierno les otorga subsidios, en otras palabras contratarán más empleados si el gobierno paga por ellos.

Regresando a los comentarios de Ashcroft ahora planteo yo, se imaginan una situación en la que administración de Fortuño desarrolle una APP para remplazar una de nuestras agencias de gobierno y en el proceso la empresa aliada cometa actos de corrupción. Me pregunto si a dicha empresa le caería todo el peso de la ley o si Fortuño le diría al oído al secretario de justicia que se hiciera de la vista larga porque admitir un fracaso no solo valida la perdida de dinero de los contribuyentes sino que también lacera la credibilidad del gobernador, lo que tendría un alto costo político.

El gobierno debe ser el gobierno y la empresa privada debe seguir siendo la empresa privada. No deben existir alianzas, solo contratos entre organismos que tienen objetivos diferentes; el gobierno garantizar la calidad de vida de los ciudadanos y velar por el interés de sus contribuciones, y la empresa privada ganar la mayor cantidad de dinero posible en el ofrecimiento de un servicio o un producto.